Ha sido este
año, estudiando Sistema Económico Español, cuando me he dado cuenta de la
cantidad de empresas públicas que tenía nuestro país antes de la llegada por
primera vez al Gobierno del Partido Popular, en Marzo de 1996. Grandes empresas
que suenan temibles como Endesa, Repsol, Gas Natural o Telefónica eran hasta
ese momento empresas públicas, del Estado, con precios públicos que los
españoles podíamos permitirnos sin duda mucho mejor que hoy día siendo
privadas. La mayoría de ellas fueron creadas en los periodos autárquicos o bien
de Miguel Primo de Rivera o bien de la dictadura Franquista. En la época del
primero respondían a principios corporativistas imitando a la Italia de
Mussolini, en la del segundo a necesidades de intervención estatal de
emergencia (como la nacionalización de las empresas privadas de ferrocarriles
en una sola, RENFE, en los ’40).
Hoy día nos
encontramos con un país que crece rápidamente acompañado de una política social
expansiva: es el caso de Argentina, gracias a un liderazgo carismático como el
de Cristina Fernández de Kirchner. A imitación de la nacionalización petrolífera
que hizo el Presidente Chávez en Venezuela, Kirchner ha empezado los trámites para
que la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa que era pública
hasta 1992. YPF era considerada en su día una “empresa padre”, porque su
beneficio público era el que construía colegios, carreteras o puentes, era el
emblema argentino del autoabastecimiento energético, aunque bien es verdad que
no producía todo el petróleo que necesitaba el país. Para más datos sobre el
papel de YPF os recomiendo este artículo de Francisco Peregil en ElPaís.com.
El gran escollo
a este proceso es que YPF pertenece ahora al grupo Repsol-YPF, y como era de
esperar, las alarmas han saltado tanto en la propia empresa como en el Gobierno
español. El Ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ya ha enarbolado
su estandarte de los tercios y ha puesto la pica en Flandes como si del propio
Alatriste se tratase, anunciando que España no va a tolerar esta acción.
Entonces se
nos plantea este galimatías: Una empresa privada, en este caso Repsol, le está
diciendo a un Gobierno soberano, elegido por los ciudadanos argentinos, que no
puede hacer uso de esa misma soberanía y reclamar para sí, para sus gentes,
para su pueblo, el petróleo argentino, la empresa YPF que nunca debió venderse…
En otros
tiempos esto nos parecería un escándalo, y debería parecérnoslo, pero hoy día
visto lo visto con esta crisis el papel de los estados ha quedado muy
desdibujado en favor de las empresas privadas. Pero quizá esto sirva para
darnos cuenta y meternos en la mollera que si Miguel Boyer, como ministro
socialista de economía, expropió Rumasa porque el Estado podía hacerlo,
Argentina puede hacer lo mismo con su petróleo, porque antes que de cualquier
empresa privada, es suyo, los recursos naturales son siempre y el última
instancia propiedad del Estado. Y, llamadme traidor a la patria, pero, en esto,
estoy con Cristina.
